Dos sentencias que no habían trascendido hasta ahora anularon la orden dictada por el Ayuntamiento en 2020, que nunca llegó a ejecutarse. Los fallos no discutían el fondo, sino la forma.
El Ayuntamiento acordó en 2012 desalojar más de 20 zonas públicas, ocupadas en su mayoría por instalaciones hoteleras. Desde entonces solo se ha “regularizado” una, con un canon de 2,8 millones.
El Ayuntamiento de la capital es el único de la Isla que fija unos precios altos para poder reservar y personalizar un aparcamiento de este tipo junto al domicilio.
