Los problemas son muchos, pero las pruebas deportivas de gran formato y la presión turística y de residentes están generando “impactos significativos sobre los ecosistemas y las especies protegidas”.
El juez dio por cerrada la instrucción concluyendo que hay indicios de prevaricación, malversación y fraude a la Administración, y solo falta el escrito de acusación de la Fiscalía.
Dos sentencias que no habían trascendido hasta ahora anularon la orden dictada por el Ayuntamiento en 2020, que nunca llegó a ejecutarse. Los fallos no discutían el fondo, sino la forma.
