El juicio contra Andrés Hernández Pedreira, antiguo jefe de administración de la empresa pública Simpromi, del Cabildo de Tenerife, se celebrará a partir del 11 de marzo por el procedimiento del jurado.

La Fiscalía pide para el acusado trece años de prisión y una que indemnice con 1.242.284 euros al Cabildo, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil y falsedad de documento oficial.

El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, será el encargado de presidir el tribunal del jurado.

Astor Landete ha dictado un auto en el fija los hechos objeto de enjuiciamiento y cita a las partes para esta vista, causa en la que la sociedad Simpromi, dedicada a la integración social y laboral de personas con discapacidad, actúa como acusación particular.

Según la Fiscalía, las presuntas actuaciones delictivas del acusado, que también era presidente del equipo de fútbol sala Uruguay Tenerife, se desarrolaron entre 2008 y 2014.

Hernández Pedreira, según el escrito de acusación, se apropió de la recaudación de aparcamientos públicos gestionados por Simpromi, así como de los ingresos por la venta de bonos de transporte, además de que falsificó cheques de la sociedad.

Según la acusación de la fiscalía, el acusado recogía personalmente el importe de la recaudación en los aparcamientos Mencey, en Santa Cruz de Tenerife, y El Cristo, en La Laguna, y decía a los empleados que él se encargaría de ingresarlo en el banco, lo que nunca ocurría.

También dio instrucciones al personal auxiliar de Simpromi para que esos cobros no figuraran en la contabilidad de la entidad, de modo que no fueron detectados en los informes de auditoría, según la acusación.

En el caso del aparcamiento Mencey, la cantidad presuntamente sustraída fue de más de 317.000 euros y en el aparcamiento de El Cristo de 238.000.

La fiscalía acusa a Hernández Pedreira de quedarse con otros 602.000 euros que Simpromi facturó por la venta de bonos de transporte a través de una tienda ubicada en el Aeropuerto Tenerife Sur.

Otra de las actividades del acusado, según la fiscalía, consistió en falsificar la firma de la consejera delegada de Simpromi en seis cheques, por una valor total de 83.160 euros, en los que puso como beneficiario el club de fútbol sala que gestionaba, el Uruguay Tenerife.